Adquisiciones
El Poder Ejecutivo rindió cuentas del proyecto ejecutado con el apoyo de la Unión Europea
El Programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) fue ejecutado entre 2011 y 2016 con un fondo de cinco millones de euros donado por la Unión Europea.
El programa trabajó sobre cinco ejes de intervención: reforma penal, reforma administrativa, salud, educación y reinserción sociolaboral, conforme a la protección en materia de derechos humanos.
Estos ejes apuntan al objetivo final de promover una reforma integral del sistema de justicia penal y mejorar las condiciones de vida en la privación de libertad y las condiciones de inclusión al egreso.
El director de la OPP, Álvaro García, resumió el alcance del proyecto resaltando la participación de los tres poderes del Estado, un sinnúmero de instituciones y la sociedad civil, agradeciendo la colaboración de la Unión Europea que posibilitó incorporar insumos de alta calidad técnica y capacitar recursos humanos.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, comentó que gracias al proyecto pudieron capacitarse 500 operadores del Poder Judicial y viajar para observar la articulación en la práctica del nuevo código penal en los países de la región donde está funcionando como Argentina y Chile.
Destacó que la grabación de las audiencias permitirá bajar a la mitad su duración y enfatizó que “el código va a ser una realidad en julio del año entrante, para lo que hay que disipar toda duda”.
La ministra interina de Salud, Cristina Lustemberg, dijo que el proyecto posibilitó elaborar protocolos de atención para los privados de libertad.
La directora de Educación Rosita Angelo comentó las ventajas de las políticas trasversales que permiten la interrelación institucional gracias a proyectos de esta índole.
Agradeció a los actores de la cultura y la educación que trabajaron y destacó el proyecto piloto en Las Rosas donde se instaló una mesa interinstitucional de trabajo, así como el seminario internacional realizado para pensar una estrategia nacional de educación para personas privadas de libertad.
“Gracias a ese seminario, jueces, fiscales, parlamentarios, educadores, nos sentamos a conversar y surgieron cantidad de propuestas y desafíos”, recordó.
